La responsabilidad social sí paga

Participar activamente en la solución de problemas de la sociedad tiene beneficios empresariales.

La realización de obras sociales, inclusión laboral equitativa en términos de género, respeto y protección de los derechos de los trabajadores y el respeto al medio ambiente son factores que pueden ser provechosos en el momento de obtener exenciones por impuestos.

Una de las acciones con las cuales una empresa puede aportar positivamente a la sociedad es la vinculación de personas en condición de discapacidad.

La integración de este grupo poblacional a cualquiera de los procesos productivos de su compañía puede ser a través de contratos de aprendizaje, de trabajo, o incluso outsourcing y no solo beneficiará a las personas discapacitadas, sino a la empresa misma, dadas las políticas del Gobierno que ofrecen múltiples beneficios para quienes decidan cooperar y articularse en este proceso.

A continuación se presentan las leyes que garantizan privilegios a los empresarios que incluyan en su personal a personas en condición de discapacidad y las condiciones para acceder a los beneficios:

Ley 361 de 1997

Se requiere tener por lo menos el 10 por ciento de sus empleados en condiciones de discapacidad, certificadas por la oficina de trabajo correspondiente, haberlos contratado con un año de anterioridad y que permanezcan en la empresa por un lapso igual al de la contratación.

Garantiza preferencia en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos públicos o privados.

Ley 789 de 2002

Es imprescindible vincular trabajadores adicionales a los que tenía en promedio en el año 2002.

Entre estos trabajadores se deben encontrar personas con discapacidad no inferior al 25 por ciento, debidamente certificada por la entidad competente.

Adicionalmente se exige que estos trabajadores no devenguen más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El beneficio otorgado promueve la exclusión del pago de los aportes correspondientes a parafiscales, es decir, Régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Redacción elempleo.com

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